La cultura, como concepto y como práctica, se va conformando a través de la relación entre distintas comunidades que aportan diferentes modos de vivir, sentir y actuar a un proyecto común sin que esto suponga la fusión de esas diferencias ni su superposición. El mimetismo importa la represión de las diferencias y no su respeto y valoración.

En la actualidad, el fenómeno de las migraciones y los procesos de globalización han perfilado una comunidad global cada vez más interconectada e intervinculada. Las TICs, la facilidad de las comunicaciones y el acceso a la información han puesto de manifiesto la necesidad de propender a implementar procesos de diálogo intercultural tendientes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas independientemente del colectivo cultural que representen, sin por ello caer en una concepción meramente técnica de intercambio de datos e información sino, por el contrario, deben fomentarse instancias de intercambio comunicacional concientes y enriquecedores.

Esta tendencia creciente hacia la interconexión se ha interpretado de diferentes formas y bajo distintas perspectivas conforme los intereses económicos, sociales y políticos. En lo que respecta a la República Argentina, en los últimos años, la sociedad civil, representante de diferentes colectivos invisibilizados, ha iniciado un proceso de lucha por su reconocimiento social y el Estado nacional ha acompañado ese proceso reivindicatorio y de ampliación de derechos a través de la sanción de más de un centenar de leyes, decretos y resoluciones y de la formulación y puesta en marcha de numerosas políticas públicas tendientes a garantizar los derechos de colectivos históricamente invisibilizados.

Como consecuencia de este proceso, la diversidad comenzó a ser tenida en cuenta y a ser valorada como un elemento de encuentro fundamental en la composición del tejido social argentino, en contraposición a las tendencias homogeneizadoras y antidemocráticas de uniformidad de culturas.

El diálogo respetuoso que supone el concepto “interculturalidad” sienta sus bases en el descarte de la teoría racista que propugna la existencia de unos “grupos culturales” superiores a otros. La relación entre sociedades y colectividades es entonces planteada desde la horizontalidad, de manera justa, equitativa e igualitaria.

La discriminación por motivos de nacionalidad o pertenencia cultural a uno u otro colectivo, constituye la reproducción de la teoría de la superioridad de un grupo sobre otros y pone en jaque el concepto de interculturalidad que presupone una igualdad real y efectiva entre las personas. Como toda discriminación, constituye un acto de violencia, basado en un prejuicio infundado que tiende a encasillar a las personas que comparten ciertas características en una determinada categoría social, cargada, por supuesto, de una valoración negativa.

Esta actitud implica la negación de derechos y oportunidades a los grupos objeto de la discriminación y encuentra sustento en una sensación de superioridad y autoafirmación de la cultura dominante sobre las demás culturas que conviven con ella. La consecuencia de estos comportamientos discriminatorios derivan en la exclusión del sistema del/la otro/a argumentando algún grado de perversidad en él o ella.

Esta estigmatización se ve reflejada y reproducida en algunas situaciones recurrentes que vinculan a personas de diferentes nacionalidades o identidades culturales con conductas delictivas, moralmente inaceptables u otro tipo de representaciones socialmente instaladas que ubican al “diferente” dentro de un colectivo categorizado peyorativamente.
Es dable destacar que, en algunos casos y momentos históricos, los Estados acompañan esos esquemas discriminatorios con sus legislaciones multiplicando los efectos que la estigmatización genera en una sociedad. En el caso argentino, la vigencia de leyes restrictivas y estigmatizantes ha provocado que, durante muchos años, la diversidad fuera considerada como una amenaza a la seguridad nacional y el orden público y prevalecieran numerosas prácticas de exclusión social.

En la actualidad el rol del Estado argentino en estos temas se construye sobre una concepción realista de la diversidad basada en el reconocimiento de la existencia de las diferencias y en la garantía irrestricta de los derechos humanos de todas las personas en igualdad de condiciones. Asimismo se procura deconstruir el viejo paradigma de la preponderancia de unos sobre otros construido sobre una estructura falaz del concepto de “raza” que operaba como legitimante de la discriminación para establecer falsas jerarquías “naturales” o clasificaciones entre los individuos o diferentes poblaciones. En este sentido, tampoco se abona la teoría de una fusión entre personas que coexisten en un mismo territorio pero que tienen características diferentes bajo la pretérita necesidad de homogeneizar el tejido social de la comunidad.

El concepto de interculturalidad recoge el componente histórico innegable de la vinculación entre los pueblos y trae implícito el modo en que ese contacto debe producirse, tomando como base el diálogo respetuoso entre personas, iguales en dignidad y derechos y al mismo tiempo, diferentes.

La interculturalidad implica tomar conciencia de los demás y de sus necesidades, no solo aceptándolos sino, disponiéndonos a conocerlos, a respetarlos y a aprender de ellos, entendiendo la riqueza que aporta la diversidad cultural al tejido social. Nada tiene que ver con el concepto de tolerancia, que trae implícito el reconocimiento de características negativas en el otro que se “soportan” o “aguantan” por el simple hecho de que no queda otra alternativa.

El diálogo intercultural se propone un relacionamiento con los demás desde otra perspectiva, desde la entrega y desde la valoración de las personas como sujetos de derechos, como seres íntegros e iguales. De este modo, se tiene en cuenta la opinión del otro, su historia y su identidad personal prescindiendo de los prejuicios y estereotipos que supone la reducción de la persona a su pertenencia a una u otra cultura.

Se trata pues, de abogar no por un modo de entender la diversidad sino del reconocimiento de la existencia de esta última y, ante ese reconocimiento, proponer instancias de diálogo y enriquecimiento entre personas iguales y no procesos de negociación entre los grupos. Cuando la cuestión se centra en el mero reconocimiento de otras identidades ajenas a la propia, suele caerse en construcciones estereotipantes y fantásticas respecto del otro en la medida en que implican abstracciones colectivas de los demás.

Resulta importante entonces detenerse a repensar las profundas limitaciones que existen en entender la diversidad como un proceso de alteridad. El reconocimiento de la existencia de las diferencias es una instancia que ya ha sido superada históricamente y, resta, por tanto, instalar en nuestras sociedades el concepto real y tangible de la riqueza de las diferencias en la conformación de comunidades con mayores estándares de ciudadanía. No se trata únicamente de preservar y proteger las identidades culturales, sino de vincularlas con la vida social y comunitaria.