Se transformó luego en una guerra civil, donde la oposición moderada que busca la caída de Al-Assad es fundamentalmente sunita representada por la Coalición Nacional Siria, con gran participación de los Hermanos Musulmanes, pero existen otros grupos de igual tendencia como el denominado Liwa al-Tawhid y el salafista Ahrar al-Sham, apoyado financieramente por los países del Golfo. Gradualmente, por su preparación militar y agresividad fueron tomando mayor importancia grupos extremistas islamistas procedentes de varios países árabes vinculados con Al-Qaeda, que buscan en cambio crear un Estado Islámico que aplique la Sharía, (como el Jabhat al Nusra y el denominado Estado Islámico de Irak y la Gran Siria). Todos ellos combaten por medio de acciones asimétricas. Debido a las deserciones y a la imposibilidad de usar fuerzas no confiables al régimen que está basado en una minoría alauí (12 % de la población), Al-Assad vio disminuir su ejército de 300000 soldados a 75000 efectivos, que cuentan con el apoyo de tropas especiales iraníes, del Hezbollah libanés y de irregulares iraquíes, pues el Gobierno de tendencia chiita de al-Maliki apoya al Gobierno sirio, dado su temor que se llegue a crear dicho Estado islámico que incrementaría la desestabilización de Irak. Actualmente Al-Assad solo controla Damasco y sus alrededores, Homs y Hama, la zona costera alauita del norte y la frontera con el Líbano, y el resto del país es disputado o está ocupado por los rebeldes sunitas y los kurdos, que no tienen una conducción política común, persiguen distintos objetivos políticos y actúan muy divididos entre sí. No existe una solución militar, pues ninguna de las partes está en condiciones de vencer a la otra y una posibilidad es la división del país.

En una tercer etapa, Siria se fue convirtiendo en un enfrentamiento regional por medio de “proxis”, con tres conflictos interconectados entre sí: 1) el de los países sunitas del Golfo que defienden el estatus quo frente a un Irán chiita, 2) los países occidentales que disputan a la denominada medialuna chiita, y buscan afectar el predominio de Teherán en el Líbano, Siria e Irak y 3) y Turquía que lucha contra el predominio regional que pretende desarrollar Irán, apoyándose en los Hermanos Musulmanes y los kurdos. Puede decirse que Siria es un Estado fallido, que por su situación estratégica puede extender su crisis a sus vecinos, como sería el caso del Líbano y también puede agravar el enfrentamiento entre facciones en Irak, mientras el gran número de refugiados afecta la situación interna de estos dos países y la de Jordania y Turquía.

Las armas químicas

El 16 de septiembre de 2013, una Comisión de la O.N.U. que se encontraba en Siria, realizando investigaciones relacionadas con incidentes relacionados con la utilización de armas químicas presentó su informe a dicha Organización donde declara que, habiendo tomado conocimiento de un ataque posterior a los acontecimientos iniciales, ocurrido el 21 de agosto en el área de Ghouta, cercana a Damasco, realizó una detallada inspección en ese lugar que dejó al descubierto el uso de dichas armas en gran escala, que ocasionó numerosas víctimas, incluyendo a civiles. Se recogieron pruebas médicas, químicas y del medio ambiente que evidenciaban la utilización de cohetes tierra-tierra con el claro propósito de arrojar gas sarín. De acuerdo a los términos estrictos del mandato de la Comisión no atribuyó responsabilidad alguna por tales actos pero, en la documentación anexa al informe existen evidencias que permiten suponer que corresponde al Gobierno, pues los disparos a tres suburbios de la ciudad provenían de las alturas del Monte Qassioun que domina Damasco, donde se encuentra una base de la Guardia Revolucionaria, cuya misión es la de proteger al Palacio Presidencial, y se utilizaron tipos de armas y municiones con los que no cuentan los rebeldes. Siria y Rusia, en cambio, los consideran los verdaderos responsables.

El Secretario General de la O.N.U. condenó este hecho y lo consideró un crimen de guerra y una grave violación del Protocolo de Ginebra de 1925 y de otras normas del Derecho Internacional Consuetudinario. Afirmó también que la comunidad internacional tenía la responsabilidad moral de determinar quiénes eran responsables y asegurar que las armas químicas no volverían a ser un instrumento bélico.

Los Estados Unidos mantuvieron su posición de principio que ha consistido en desentenderse militarmente de los acontecimientos en el Medio Oriente, salvo que se afecten sus intereses centrales o exista una agresión a sus aliados y asociados, debido a sus experiencias de una década de combates en Irak y Afganistán. Refiriéndose a la guerra civil en Siria, en el 2011 el Presidente Obama afirmó que Al-Assad debía dejar el poder pero no fue más allá, porque no deseaba verse envuelto en una situación cuyo resultado es imprevisible y depende de las decisiones de su pueblo, de modo que optó por una política inclinada hacia un cambio de régimen y por otorgar una gran asistencia humanitaria. Sin embargo, su preocupación por las armas de destrucción masiva lo llevó en marzo de 2012 a afirmar que la utilización de armas químicas, constituía una línea roja que podría modificar sustancialmente su posición, y más adelante formuló una declaración más amplia, al expresar que una acción de este tipo transformaba las reglas de juego, y después de demorar por mucho tiempo una decisión, por primera vez aceptó el envío de armamentos livianos a rebeldes no jihadistas, (lo cual es un problema en si mismo, debido a la dificultad de asegurar el destino final de esas armas), respondiendo a la posición de los “halcones” norteamericanos que abogan por una participación militar y de los que teniendo en cuenta el desastre humanitario que tiene lugar en Siria, sostienen que Estados Unidos debe inmiscuirse, basándose en las experiencias recogidas en conflictos como los que tuvieron lugar en Ruanda y Bosnia.

Al tener lugar el ataque del 21 de agosto que habría arrojado un saldo de más de mil muertos y ante la inacción del Consejo de Seguridad, el Presidente Obama propuso responder con un ataque militar selectivo y limitado debido a una violación de una norma básica del orden internacional, pero sin la intención de cambiar la ecuación de fuerzas inmersas en la guerra civil y absteniéndose de posar “botas en el terreno”.

A pesar de contar con la capacidad legal de actuar por su propia facultad, y teniendo en cuenta (entre otros factores) una decisión sin precedentes del Parlamento británico que rechazó la petición del Primer Ministro David Cameron de unirse a la lista de países que amenazaron con actuar militarmente contra Siria, el Presidente Obama optó por someter la utilización de la fuerza al Congreso de su país, argumentando que un fracaso en el intento daría una luz verde a violaciones que amenazarían la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa del Presidente no tuvo la posibilidad de ser aceptada tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes donde sus miembros se mostraron divididos, y porque se le opusieron reparos mayoritarios en la población norteamericana que, si bien comparte el criterio de la gravedad de la utilización de armas químicas, no ve la necesidad de involucrarse en una acción militar, debido a que su preocupación mayor es la situación fiscal interna.
El 9 de septiembre, el Secretario de Estado John Kerry declaró que la opción que tenía Al-Assad para evitar un ataque norteamericano, era permitir que la comunidad internacional controlara sus armas químicas y procediera a su desmantelamiento. Ante la posibilidad cierta de una acción militar por parte de Estados Unidos y basándose en esta afirmación, por iniciativa del Presidente Putin el Ministro, Sergei Lavrov pasó a actuar positivamente en la búsqueda de una salida diplomática al presentar un plan (que ya venía discutiéndose desde meses atrás) que dio lugar a que el 14 de septiembre, Estados Unidos y Rusia llegaran a un acuerdo marco conforme con el cual Siria debe declarar de inmediato sus existencias de armas químicas, ponerlas bajo un control internacional y ser destruidas en la primera mitad del año próximo.

Al mismo tiempo el 14 de septiembre, el Gobierno sirio depositó en Naciones Unidas su documento de accesión a la Convención Internacional de Armas Químicas de 1997 (que ya cuenta con 189 Estados partes), y anunció su aplicación provisional hasta su entrada en vigor. Al acceder a esta Convención, Siria se compromete a no adquirir, poseer o utilizar armas químicas. También estará obligada a desmantelar su programa de estas armas, cerrar y desarmar sus establecimientos de producción y destruir sus existencias, y penar cualquier violación de la Convención por parte de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, situación que puede llegar a tener vigencia después que concluya la guerra civil.

La implementación de este acuerdo que es lo que le dará real sentido, quedó a cargo del Consejo de Seguridad y del Consejo Ejecutivo del Organismo para la Prohibición de Armas Químicas (OPAC), a través de un proceso simplificado de los pasos previstos en esa Convención, pero con mayores dificultades dada las distintas posiciones existentes, las características complejas y peligrosas de la destrucción de estas armas y que se trata de un país en plena guerra civil. Las existencias sirias alcanzarían a 1000 toneladas métricas de gas mostaza, sarín y otros precursores químicos, que estarían distribuidos en numerosos sitios controlados por el Gobierno. Se fijó un calendario muy estricto de implementación, de una semana para informar el tamaño y ubicación de las armas químicas (que Siria comenzó a cumplir el 19 de septiembre, presentando un listado a la OPAC de sus agentes químicos y medios de utilización, que debe completar brevemente), un mes y medio para la inspección de los sitios en cuestión (el 1 de octubre llegaron a Damasco los primeros veinte inspectores de la OPAC), y nueve meses para completar el proceso de desarme.

El problema central consistió en acordar el texto de la resolución del Consejo de Seguridad que endosara el acuerdo y aprobara el plan para que Siria entregue sus armas químicas para su destrucción. La resolución 2118 fue adoptada por unanimidad el 27 de septiembre después de una tensa negociación, siendo la primera decisión del Consejo sobre el caso sirio, pues los proyectos anteriores fueron vetados por Rusia y China. Ahora, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido buscaron un acuerdo expreso de lo que Siria debía hacer, y en caso de un incumplimiento o una violación por su parte, incluir la autorización para actuar dentro del marco del Capítulo VII, lo cual implica la imposición automática de sanciones y la utilización de la fuerza. Por su parte, Rusia temiendo que la resolución de lugar a una acción militar semejante a lo ocurrido en el caso de Libia donde se logró un cambio de régimen más allá de los objetivos originales, sólo aceptó un compromiso por el cual cualquier aplicación de estas medidas debe ser considerada nuevamente por el Consejo de Seguridad, lo cual puede estar sujeto su veto y el de los otros miembros permanentes.

¿Es legal una intervención militar en Siria?

La posibilidad de una acción militar de los Estados Unidos contra Siria plantea el problema de su legalidad, debido sus bases son dudosas sin que medie una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. El artículo 2 (4) de la Carta se refiere a la utilización de la fuerza, al expresar que “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado…” Pero existen dos excepciones a esta prohibición general: La primera, es la que autoriza el Capítulo VII de la Carta cuando sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales (artículo 42). Ejemplos de esta situación fueron la autorización contra Irak (1990, por la resolución 678 del CS) y la operación contra Libia que fue liderada por la OTAN en 2011 (en virtud de la resolución 1973 del CS). Pero hasta el presente Rusia y China bloquearon una acción similar contra Siria. La segunda, es la legítima defensa prevista en el artículo 51 de la Carta, situación que no se ha dado en la práctica pues los Estados Unidos o sus aliados no han sido atacados por Siria.

Recientemente se agregó otra excepción a esta prohibición a través de la “intervención humanitaria”, basada en la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger”, desarrollada en las Naciones Unidas a partir del año 2001, que sostiene que la comunidad internacional (y especialmente las democracias) tiene la obligación de intervenir para poner fin a las atrocidades contra la población civil cuando su propio Estado no les ofrece tal protección, debido a una crisis de legitimidad. Pero su objetivo es prevenir el daño, no utilizar la fuerza. Por ello, esta doctrina es aceptada en los casos en los cuales media una decisión del Consejo de Seguridad, pero es cuestionada cuando ello no ocurre, como fue el caso de la intervención de la OTAN en Kosovo en el año 1999, aún cuando una corriente de opinión la consideró “ilegal pero legítima”.

En sus declaraciones públicas la Administración Obama hizo referencia a la utilización de armas químicas por Siria y no en el asesinato masivo de civiles sirios. Esto indica que no se basó en la intervención humanitaria sino más bien en la violación de la prohibición de utilizar armas químicas, que es aceptada como una obligación internacional basada en el Derecho Consuetudinario (una de cuyas bases es el Protocolo de Ginebra de 1925, al cual Siria accedió en el año 1968), es decir en la utilización de la fuerza para prevenir un mayor uso de las armas químicas, norma que tendría el carácter de una norma de jus cogens de un carácter tan fundamental que no permite su derogación, y por lo tanto justificaría la utilización de la fuerza para hacerla efectiva.

Conclusiones

Esta crisis dio lugar a un acuerdo limitado a las armas químicas, por el cual las partes involucradas obtuvieron resultados de distinto carácter:

1. Obama que dudó en concretar una acción militar, obtuvo una salida diplomática de valor estratégico, que resultó más evidente ante la reacción negativa del Congreso y de la opinión pública;

2. Rusia no quiso defender hasta las últimas instancias al régimen de Al-Assad que había utilizado armas químicas, pero no llegó a soltarle la mano a este déspota sanguinario. Al liderar el proceso por el cual se avanzó en la negociación, recobró su estatus como un jugador esencial en la búsqueda de una solución del conflicto de fondo y una Potencia con intereses importantes en el Medio Oriente, conservando su relación con los Estados Unidos (su objetivo prioritario);

3. Siria evitó las consecuencias de una acción militar que la hubiera lesionado profundamente, manteniendo vigente su capacidad militar convencional para enfrentar a las fuerzas rebeldes;

4. Irán expresó su voluntad de facilitar este arreglo y condenó enérgicamente la utilización de armas químicas, quizás por haber sido víctima en los años 80 de ataques similares por parte de Irak;

5. Si el acuerdo se cumple en su totalidad, Israel (aliado estratégico de los Estados Unidos) va a ver desaparecer una amenaza concreta a su población representada por las armas químicas sirias;

6. En cambio, la decisión norteamericana de no actuar militarmente contra Siria, no fue compartida por los países del Golfo y Turquía, que contaban con esta acción y criticaron su interés en solucionar exclusivamente el problema de las armas químicas, en desmedro de las amenazas que representa el mantenimiento del poder por Al-Assad, cuya responsabilidad directa no es mencionada en la Resolución 2118. Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y Rusia abre el camino para intentar una negociación del fondo del problema, que no tiene una solución militar. La resolución adoptada endosa el Comunicado de Ginebra del 30 de junio de 2012, que sienta las bases de un posible acuerdo sobre la base de un Gobierno de Transición compuesto por representantes gubernamentales y de la oposición y pide la urgente convocatoria de una Conferencia Internacional para implementarlo (Ginebra II), que para el Secretario General de la O.N.U tendría que tener lugar a mediados de noviembre. Pero existen problemas básicos muy difíciles de resolver que plantean un interrogante sobre su futuro, como lo es la situación de Al-Assad (Rusia lo sigue protegiendo), la presencia en Siria de fuerzas iraníes y del Hezbollah, la negativa del Gobierno sirio y del grupo más importante de la oposición que es la Coalición Nacional Siria de negociar entre si y la dificultad de controlar a las fuerzas jihadistas, empeñadas en crear un Estado Islámico fundamentalista y que, por lo tanto, son una preocupación común tanto de Rusia como de los Estados Unidos e Israel;

7. Finalmente, a pesar de la prolongada guerra civil en Siria, nuestro país ignoró la gravedad de esta crisis y sus consecuencias humanitarias, posiblemente por practicar un nacionalismo confrontacional que lo aísla del mundo. Muy tardíamente la utilización de armas químicas dio lugar a una manifestación expresa argentina condenando el hecho.

8. La manera pragmática de cómo Obama se ha manejado con relación a las armas químicas en Siria que permitió la adopción de la resolución 2118, envió una señal importante a Irán con el cual existe el problema fundamental de la no proliferación en el Medio Oriente. En un momento en que su nuevo Presidente Hassan Rouhani (con el apoyo implícito del Líder Supremo Ali Khamenei) desarrolla una campaña donde habla de flexibilidad y diplomacia hacia Occidente, demuestra a Teherán que también en su caso la decisión norteamericana de dialogar y negociar puede dar resultados positivos, (en la medida que el debate interno en Irán supere a los conservadores intransigentes).

La posición occidental es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, y para evitar una acción militar se busca una solución diplomática reflejada en un acuerdo que le permita a Irán conservar una capacidad limitada de enriquecimiento y procesamiento con fines civiles, sujeto a una serie de condicionamientos vinculados a sus desarrollos nucleares que son sospechosos, y a una transparencia y verificación muy estricta por el O.I.E.A., que asegure a su contraparte (P5+1 -los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania-) que está dando pasos tangibles que demuestren que no constituyen una nueva maniobra para continuar con su política tradicional de ocultamiento y de resistencia. La contrapartida sería la modificación gradual de las sanciones existentes, que afectan profundamente su situación económica y es la razón fundamental que motiva a Irán a buscar una negociación.

En su intervención ante el 68 Período de Sesiones de la Asamblea General de la O.N.U., Obama afirmó que la solución del programa nuclear iraní sería un gran paso en un largo camino hacia una relación diferente entre los dos países (el 78% de los norteamericanos favorecen las negociaciones directas). Por primera vez desde 1979, ambos Presidentes se comunicaron entre si el 27 de septiembre y convinieron en acelerar las conversaciones sobre esta disputa que, de concretarse, también daría lugar a una nueva realidad a través de un diálogo estratégico, que incluye el futuro político de Siria. Pero este problema tiene también aspectos muy difíciles de superar, pues en ese país y en general en el Levante, Irán realizó grandes esfuerzos para consolidar su poder, que a través de los años se calculan en más de 50.000 millones de dólares transferidos a Al-Assad, al Hezbollah y otros grupos chiitas en Irak, cuyos resultados no va a abandonar fácilmente. Eventualmente, su opción ante la caída de Al-Assad podría ser la división de Siria donde parte de su territorio sería un Estado alauí, que contaría con el apoyo del Hezbollah, que podría servir de base pare enfrentar a sus rivales y crear el caos en los Estados vecinos. En cualquier circunstancia, un entendimiento de los Estados Unidos con Irán sería visto con preocupación por Israel, por Turquía y por los países del Golfo que temen que esta acción lesione la balanza de poder en la región, y aumentaría su desconfianza hacia las políticas llevadas a cabo por Obama en el pasado reciente.

Mientras tanto, Israel definió su posición negativa ante un eventual acuerdo sobre la cuestión nuclear entre su principal aliado y su peor enemigo. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu recibió el 30 de septiembre del Presidente Obama seguridades de que mientras duren las negociaciones todas las opciones permanecerán vigentes, incluyendo las militares, pero tiene un gran escepticismo hacia los objetivos iraníes y varios aspectos de su programa nuclear (por ejemplo, el enriquecimiento, la planta subterránea de Fordow y la de agua pesada de Arak) y aboga por una política de vigilancia, desmantelamiento, sanciones y amenazas militares creíbles para resguardar sus intereses vitales en una negociación, temiendo que Irán utilice la diplomacia para demorar y llegar al punto de no retorno en su poderío nuclear. Eso explica los conceptos no conciliatorios de su intervención del 1 de octubre ante la Asamblea General de la O.N.U., y su derecho de atacar preventivamente las instalaciones nucleares iraníes en el caso de estar cerca de la producción de armas nucleares. Además, acusó al Presidente Rouhani de tener los mismos objetivos que su predecesor Ahmadinejad y de no tener credibilidad pues, en su momento, siendo el principal negociador iraní desarrolló una estrategia para permitir a su país acercarse al desarrollo de estas armas y de tener conocimiento del ataque a la AMIA y a los soldados norteamericanos en Arabia Saudita, cuando estuvo a cargo del Consejo Nacional de Seguridad.