Esta dificultad se apoya en un error de base, a saber: considerar los derechos de la mujer exclusivamente como parte de una agenda de derechos de la mujer, y no como parte sustancial de la constante agenda de los derechos de las personas en una democracia liberal, que indudablemente tiene y debe tener una categoría superior y eficazmente comprensiva de los derechos de todos los actores de la sociedad. En ese contexto luce como determinante, más que cualquier estimación de orden moral, la convicción republicana y el sentido de respeto a las bases de la democracia que tengan aquellos con responsabilidad de pensar y atacar el tema.

Uruguay puede exhibir con cierto orgullo algunas determinaciones pioneras en esta agenda, principalmente las que tuvieron lugar durante los años de irrupción y consolidación del batllismo. En esa época hubo reformas que tendieron a consagrar, diseminar y asegurar derechos personales por entender que la base del sistema de libertad descansa en la igualdad de posibilidades de personas, que nadie puede ser excluido por ninguna razón de los deberes y derechos del ciudadano, ni privado de las oportunidades y garantías para ejercer con plenitud, sin miedos ni culpas, sus talentos y sus virtudes. Las baterías de leyes que se adoptaron en esas dos primeras décadas del siglo veinte –derecho al trabajo y al estudio de las mujeres, voto universal para los hombres, promoción de la enseñanza secundaria para todos—fueron rápidamente complementadas en los años siguientes por la consagración del voto femenino y el derecho a la plenitud ciudadana.

Vistas desde hoy aquellas reformas parecen muy modestas; para muchos incluso pueden resultar irritantes por lo que todavía guardaban de discriminación y de estereotipos. Pero sería muy injusto juzgar los avances de una sociedad que buscaba sacudirse siglos de prejuicio, de intolerancia, de desconocimiento y de patriarcado prepotente desde los avances más recientes. Las verdades en la historia tienen sentido al amparo de las circunstancias y de las creencias dominantes y no pueden aislarse solo para demostrar una hipótesis o traficar con un rechazo que en nada se vincula con el conocimiento de la realidad y sí, y mucho, con su manipulación.

El lugar en el que las mujeres estamos hoy luchando para que haya un mayor reconocimiento de derechos en la sociedad fue posible porque aquellos liberales de hace cien años abrieron un camino, marcaron un rumbo que no tenía por objeto estrechar el problema para meramente darle momentánea satisfacción a un grupo de presión o un movimiento de reclamos, sino que concibieron que ningún país puede ser libre si no lo son los habitantes que lo pueblan y que todos los días con sacrificio estudian y trabajan y construyen su hogar y su esperanza bajo su cielo. Tuvieron frente a sí el reto de levantar una sociedad fundada en el goce del Derecho, sin distinguir en grupos o en individuos. Esa generalidad saludable de los derechos es la fuente de la pureza del sistema liberal y democrático, que no es ni quiere ser una agregación de corporaciones que presionan sobre las decisiones políticas sino un encuentro de personas libres unidas bajo una ley común y comprometidas por igual a sostenerla y defenderla.

Con ese espíritu –que no es un espíritu feminista, ni obrerista, ni burgués, ni semita, ni ario, ni eslavo, ni africanista, ni especial o diferente en capacidades– estamos ahora en el camino de mejorar cada vez más la participación de la mujer en la política. No lo hacemos por pertenecer o acompañar a alguna corporación o división del demos, sino porque la agenda de derechos y su cumplimiento es obra constante de la vida republicana y democrática. Cuando el 8 de marzo, Día de la Mujer, del año 2012 la senadora Martha Montaner fue elegida Secretaria General del Partido Colorado, siendo así la primera mujer en Uruguay en ocupar el máximo cargo de dirección de un partido político se dio otro importante paso en la dirección que venía de antiguo en el país; no fue una reivindicación femenina como tal, sino un paso en dirección a la plenitud del espíritu de la república y de la democracia. Lo mismo cabe decir con la ley de cuotas de género que también fue un proyecto de la senadora Martha Montaner y que ofició de instrumento idóneo para propiciar la mayor permeabilidad de las estructuras del poder políticos a todos los ciudadanos en pie de igualdad.

Me consta que estamos muy lejos de alcanzar los niveles deseables de participación, pero también muy lejos del punto de partida. Durante mucho tiempo supimos avanzar en armonía con la mayor democratización y la internalización de los valores de la libertad y el reconocimiento imperioso del Estado de Derecho como norma de convivencia. Luego, al cabo de unos seis o siete años, los ritmos súbitamente cambiaron y también parecería que se alteró la índole liberal y la intención última de las pretensiones. La lucha por derechos no debe ser desplazada por un segregacionismo invertido y disolvente que sirviéndose de una arbitraria dialéctica sataniza la condición masculina, desprecia el respeto por la familia y enjuicia seriamente los principios de la tolerancia.

Es cierto que hubo que vencer muchas inercias y no pocos prejuicios para alcanzar ciertos niveles y lugares de decisión y protagonismo en la sociedad; es cierto que los recintos exclusivos para hombres por efecto de la tradición y de la distracción, cuando no del menosprecio, tendieron muchas veces un duro cerco a los justos reclamos de las mujeres en la política. Pero ninguna de esas evidentes contrariedades justifican los desvíos y los extremos de los discursos y de las conductas. Las mujeres no somos un colectivo encerrado en la promesa de venganzas históricas y en resentimientos que a nada bueno conducen, sino que somos personas que reclamamos ser iguales en derechos a las personas de otros géneros, ciudadanos que se quieren libres en un país que pugna cada día por afirmar precisamente sus libertades y desplegar hacia el futuro sus mejores posibilidades de cooperación y de realización personal y colectiva. Estoy segura que algo cambiará para bien en los próximos tiempos; que definitivamente quedará claro que el péndulo que va de los extremos arcaicos de ayer a ciertos excesos y extravíos de hoy encontrará su medio exacto en el pacto social que es la Nación y sus valores de siempre como elementos tutelares de pertenencia de todos los ciudadanos.