El papel de la mujer en la política uruguaya

Uno de riesgos en el que se puede caer y en general se cae en todo intento de comprender la condición de la mujer bajo cualquier perspectiva descansa en la tentación reduccionista. Notoriamente es más fácil y prácticamente inevitable recortar los análisis para que se mantengan en la sombra muchas de las variables que inciden en la naturaleza del fenómeno y que no siempre son funcionales a las premisas de determinadas ideologías o a la cadena larga de sospechas que con justicia o sin ella presiden los abordajes.

No tengo noticia que este asunto se tratara alguna vez de manera imparcial, esto es, con la misma libertad intelectual con la que se afrontan asuntos tales como la inflación, el sistema previsional, la inserción internacional de los países, los derechos de la infancia, etc.

En el caso de la condición femenina se da una división que se tensa hasta convertirse en una dialéctica de imposible salida donde terminan prevaleciendo los prejuicios, la incomprensión y, lo que es más grave en cualquiera de las posturas, la simplificación. Añádase a esto la dimensión política, es decir, aplicar las consideraciones sobre la condición femenina a los derechos de representación y ejercicio de los derechos y deberes que incumben a la función pública, y se tendrá un cuadro de complicada dilucidación.

Esta dificultad se apoya en un error de base, a saber: considerar los derechos de la mujer exclusivamente como parte de una agenda de derechos de la mujer, y no como parte sustancial de la constante agenda de los derechos de las personas en una democracia liberal, que indudablemente tiene y debe tener una categoría superior y eficazmente comprensiva de los derechos de todos los actores de la sociedad. En ese contexto luce como determinante, más que cualquier estimación de orden moral, la convicción republicana y el sentido de respeto a las bases de la democracia que tengan aquellos con responsabilidad de pensar y atacar el tema.

Uruguay puede exhibir con cierto orgullo algunas determinaciones pioneras en esta agenda, principalmente las que tuvieron lugar durante los años de irrupción y consolidación del batllismo. En esa época hubo reformas que tendieron a consagrar, diseminar y asegurar derechos personales por entender que la base del sistema de libertad descansa en la igualdad de posibilidades de personas, que nadie puede ser excluido por ninguna razón de los deberes y derechos del ciudadano, ni privado de las oportunidades y garantías para ejercer con plenitud, sin miedos ni culpas, sus talentos y sus virtudes. Las baterías de leyes que se adoptaron en esas dos primeras décadas del siglo veinte –derecho al trabajo y al estudio de las mujeres, voto universal para los hombres, promoción de la enseñanza secundaria para todos—fueron rápidamente complementadas en los años siguientes por la consagración del voto femenino y el derecho a la plenitud ciudadana.

Vistas desde hoy aquellas reformas parecen muy modestas; para muchos incluso pueden resultar irritantes por lo que todavía guardaban de discriminación y de estereotipos. Pero sería muy injusto juzgar los avances de una sociedad que buscaba sacudirse siglos de prejuicio, de intolerancia, de desconocimiento y de patriarcado prepotente desde los avances más recientes. Las verdades en la historia tienen sentido al amparo de las circunstancias y de las creencias dominantes y no pueden aislarse solo para demostrar una hipótesis o traficar con un rechazo que en nada se vincula con el conocimiento de la realidad y sí, y mucho, con su manipulación.

El lugar en el que las mujeres estamos hoy luchando para que haya un mayor reconocimiento de derechos en la sociedad fue posible porque aquellos liberales de hace cien años abrieron un camino, marcaron un rumbo que no tenía por objeto estrechar el problema para meramente darle momentánea satisfacción a un grupo de presión o un movimiento de reclamos, sino que concibieron que ningún país puede ser libre si no lo son los habitantes que lo pueblan y que todos los días con sacrificio estudian y trabajan y construyen su hogar y su esperanza bajo su cielo. Tuvieron frente a sí el reto de levantar una sociedad fundada en el goce del Derecho, sin distinguir en grupos o en individuos. Esa generalidad saludable de los derechos es la fuente de la pureza del sistema liberal y democrático, que no es ni quiere ser una agregación de corporaciones que presionan sobre las decisiones políticas sino un encuentro de personas libres unidas bajo una ley común y comprometidas por igual a sostenerla y defenderla.

Con ese espíritu –que no es un espíritu feminista, ni obrerista, ni burgués, ni semita, ni ario, ni eslavo, ni africanista, ni especial o diferente en capacidades– estamos ahora en el camino de mejorar cada vez más la participación de la mujer en la política. No lo hacemos por pertenecer o acompañar a alguna corporación o división del demos, sino porque la agenda de derechos y su cumplimiento es obra constante de la vida republicana y democrática. Cuando el 8 de marzo, Día de la Mujer, del año 2012 la senadora Martha Montaner fue elegida Secretaria General del Partido Colorado, siendo así la primera mujer en Uruguay en ocupar el máximo cargo de dirección de un partido político se dio otro importante paso en la dirección que venía de antiguo en el país; no fue una reivindicación femenina como tal, sino un paso en dirección a la plenitud del espíritu de la república y de la democracia. Lo mismo cabe decir con la ley de cuotas de género que también fue un proyecto de la senadora Martha Montaner y que ofició de instrumento idóneo para propiciar la mayor permeabilidad de las estructuras del poder políticos a todos los ciudadanos en pie de igualdad.

Estos logros son significativos, tienen valor en el proceso, pero no dejan de ser exiguos. Uruguay es uno de los países que está más atrás en la región en porcentaje de mujeres parlamentarias. Esto debería preocupar no por lo que supone de posiblemente discriminatorio, sino por lo que implica de efectivamente desviado de lo que es la pareja composición de la sociedad. Según las Naciones Unidas, en el capítulo referido al Uruguay, “la integración de las mujeres uruguayas en la vida política ha sido históricamente baja, caracterizándose no solo por un crecimiento lento pero también con períodos de declive. En el primer período democrático (1985 - 1990) no hubo mujeres en la legislatura nacional y en la legislatura 2010-2015 la representación fue sólo del 14,1%”. También estableció, en el informe correspondiente al año 2018, que Uruguay se encuentra en el puesto número 96 de representación parlamentaria de mujeres en el Parlamento, según el escalafón mundial de la Unión Interparlamentaria.

Me consta que estamos muy lejos de alcanzar los niveles deseables de participación, pero también muy lejos del punto de partida. Durante mucho tiempo supimos avanzar en armonía con la mayor democratización y la internalización de los valores de la libertad y el reconocimiento imperioso del Estado de Derecho como norma de convivencia. Luego, al cabo de unos seis o siete años, los ritmos súbitamente cambiaron y también parecería que se alteró la índole liberal y la intención última de las pretensiones. La lucha por derechos no debe ser desplazada por un segregacionismo invertido y disolvente que sirviéndose de una arbitraria dialéctica sataniza la condición masculina, desprecia el respeto por la familia y enjuicia seriamente los principios de la tolerancia.

Es cierto que hubo que vencer muchas inercias y no pocos prejuicios para alcanzar ciertos niveles y lugares de decisión y protagonismo en la sociedad; es cierto que los recintos exclusivos para hombres por efecto de la tradición y de la distracción, cuando no del menosprecio, tendieron muchas veces un duro cerco a los justos reclamos de las mujeres en la política. Pero ninguna de esas evidentes contrariedades justifican los desvíos y los extremos de los discursos y de las conductas. Las mujeres no somos un colectivo encerrado en la promesa de venganzas históricas y en resentimientos que a nada bueno conducen, sino que somos personas que reclamamos ser iguales en derechos a las personas de otros géneros, ciudadanos que se quieren libres en un país que pugna cada día por afirmar precisamente sus libertades y desplegar hacia el futuro sus mejores posibilidades de cooperación y de realización personal y colectiva. Estoy segura que algo cambiará para bien en los próximos tiempos; que definitivamente quedará claro que el péndulo que va de los extremos arcaicos de ayer a ciertos excesos y extravíos de hoy encontrará su medio exacto en el pacto social que es la Nación y sus valores de siempre como elementos tutelares de pertenencia de todos los ciudadanos.

Queremos que las mujeres tengan mayor representación, mayor protagonismo en la vida social y política, más presencia en la gestión por efecto directo de sus capacidades y sus conocimientos, por su compromiso y sus valores y ya no, en esta etapa, por las mismas razones por las que antes fueron ignoradas o radiadas de los centros de incumbencia pública. El desafío está en toda la sociedad, sin excepciones, pero principalmente en nosotras mismas, que deberemos entender que la verdadera agenda de toda sociedad civilizada es la agenda de toda la sociedad y de sus derechos, la agenda de las garantías para todos.

Dicho con mayor precisión: la agenda femenina implementada al cabo de la última década fue la fase intermedia entre aquella heroica agenda liberal de principios del siglo XX que situó los primeros derechos de la mujer como parte de una gran agenda moral y política de derechos, y esta agenda que debemos abrazar ahora, donde ya interesa menos el detalle de la condición y del género, y sí, en cambio, importa el problema serio de las garantías, el de la responsabilidad, el de tomar conciencia que un país se levanta todos los días con el esfuerzo esperanzador de todos sus habitantes, cualquiera sea su condición.

La lucha por la libertad y por el progreso, la lucha por la entera vigencia del Estado de Derecho, coartado por las ciertas discrecionalidades en uso, es la madre, el eje de todas las agendas. Bajo ese mandato todos los republicanos y demócratas estamos alineados. Desde esa solidez es que se deben trazar los caminos que las mujeres habremos de recorrer en la política.

CATEGORÍAS: Discriminación
ISSN: 1022-9833

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