Bicentenario de la independencia argentina

Este año, la República Argentina celebra el Bicentenario de la declaración de la independencia. En casi todas las naciones que se sacudieron algún yugo de encima, la proclamación de la libertad y la independencia se dieron en un mismo acto. Todos esos países festejan su “cumpleaños” -la fiesta nacional- un mismo día; Estados Unidos de Norteamérica, el 4 de julio; Francia el 14 de julio; Israel el 14 de mayo, y así tantos otros.

Los argentinos, en cambio, tenemos dos fechas patrias que evocan, respectivamente, la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816. Esa duplicidad de fechas fundacionales abre a su vez una controversia subalterna acerca de cuándo debe festejarse con mayor fasto y energía cada aniversario, si en una u otra de las fechas citadas; o en ambas, como de hecho viene ocurriendo.

En 1816 habían transcurrido seis años desde la Revolución de Mayo, un tiempo demasiado corto para remover las anquilosadas estructuras coloniales. Pese al nuevo escenario político instalado en 1810, al tiempo de la declaración de la independencia la sociedad seguía estructurada y funcionando conforme a los cánones tradicionales dictados por la Corona española.

Los cambios en la matriz poblacional y cultural argentina se produjeron en los dos siglos que siguieron; de tal profundidad, que hoy cuesta hallar rastros de aquel país que en 1816 se declaró independiente. Si bien el legado colonial sigue presente en aspectos tales como la lengua o la religión heredadas de la vieja España, el fenómeno inmigratorio fecundó esas raíces con nuevos componentes, que dieron como resultado una nueva matriz que conjuga tradición, diversidad y pluralidad en la misma medida.

Repasemos sucintamente ese proceso bicentenario. La colonial era una sociedad de castas, conformada según las rígidas Leyes de Indias que lo regulaban todo. El estrato superior de la pirámide lo ocupaban los españoles peninsulares y, un escalón más abajo, los hijos de españoles nacidos en América, llamados criollos. Luego venían las categorías derivadas del entrecruzamientos étnico: mestizos (blanco e indio), mulato (blanco y negro), zambo (negro e indio), cholo (indio con mestizo) y así sucesivamente hasta llegar a las de bien abajo, como “chino” (mulato con indio) y otras. Era una sociedad esclavista, por lo que existía una importante comunidad de negros africanos que con el paso de los años fue desapareciendo, diezmada por las guerras y las enfermedades.

La pureza de sangre era un paradigma celosamente custodiado: a los españoles les estaba prohibido casarse o aparearse con gente de castas inferiores, so pena de perder ciertos derechos y reputación social. La Inquisición –cuyo largo brazo represor llegaba a las Américas- se encargaba de recordárselos a los súbditos de la Corona.

Las decisiones políticas o comunitarias estaban reservadas a quienes reunían la calidad de “vecino”, una categoría circunscripta a hombres capaces de acreditar sangre pura, oficios admitidos y propiedades tangibles. Por cierto, los miembros de castas inferiores estaban alejados de los cenáculos de poder: eran el “bajo pueblo”, al que se alude con frecuencia en las crónicas de ese tiempo. A las mujeres les estaba vedado el ejercicio de cargos públicos, educarse, publicar y hacer política.

No existía un sistema educativo, ni todos los habitantes de las colonias eran considerados como sujetos educativos. La instrucción era un privilegio de los hombres de clase alta; las mujeres y el bajo pueblo estaban excluidos. Las primeras letras se enseñaban en los conventos o en las casas de familia, con instructores que en su mayoría eran sacerdotes; en tanto que los estudios superiores se cursaban en los selectos colegios de la época, como el Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, o el de Nuestra Señora de Monserrat en Córdoba. La única universidad de esta parte de América estaba en Córdoba, fundada por los jesuitas; la alternativa eran las universidades españolas o del Alto Perú, la actual Bolivia.

Las restricciones propias de las leyes y de la fatigosa praxis colonial, se entremezclaban con los intereses comerciales, ligados a su vez a las tendencias mercantilistas dominantes. En Buenos Aires y sus adyacencias no había oro ni plata; la principal fuente de recursos eran los frutos espontáneos de la vasta y prolífica pampa colindante, sobre todo cueros, sebo y carne salada, insumos esenciales de ese tiempo preindustrial. Los hacendados locales no disimulaban su predilección por el libre cambio para favorecer sus negocios ultramarinos, que básicamente consistían en un intercambio de commodities de la época por productos manufacturados en países donde la revolución industrial pisaba fuerte, como Inglaterra y Francia. Los comerciantes, por su parte, hacían pingüe negocio bajo el paraguas del monopolio español, “comprando a cuatro y vendiendo a ocho”, según apuntó el propio Manuel Belgrano.

Ese estado de cosas fue interpelado por círculos intelectuales de la época que adherían a las ideas liberales en boga –inspiradas en la ilustración francesa, contrarias al absolutismo borbónico-, que cruzaban el océano en los barcos que traían mercancías y se llevaban de vuelta la plata potosina. Esa elite -más proclive a asumirlas como propias que el establishment colonial, rabiosamente antirrepublicano y clerical al extremo- fue la que pergeñó y ejecutó, con la ayuda de los regimientos de plaza, la revolución de 1810: un episodio de ruptura, que terminó con el régimen virreinal y abrió las puertas a un nuevo tiempo.

Sin embargo, era apenas un comienzo; todo lo demás estaba por hacerse, empezando por la postergada declaración formal de independencia.

Buena parte de la agenda del cambio fue asumida por la Asamblea General de 1813 que, en esa hora inspirada, hizo honor a sus reminiscencias jacobinas y recuperó el alicaído espíritu de la Revolución de Mayo, arremetiendo con una batería de reformas progresistas que incluyó la declaración de la libertad de vientres; la abolición de los pomposos títulos de nobleza que seguían ostentando condes, marqueses y barones; la quema simbólica en la plaza pública de los instrumentos de tortura utilizados en las cárceles; la abolición de la ignominiosa Inquisición que perseguía a los perjuros de la religión católica; y la reivindicación de los pueblos originarios, librándolos de tributos y trabajos forzados, un acto de legítima justicia para con las víctimas de la conquista.

A su vez, para insuflar identidad propia al conjunto heterogéneo de pueblos y regiones que conformaban el viejo virreinato, se oficializaron las Fiestas Mayas, el escudo que reemplazó a los sellos reales y el Himno patrio; y se mandó a acuñar la primera moneda, con el sol incaico en una de sus caras y la leyenda “En Unión y Libertad”, que habla por sí sola de los propósitos de la hora, en la otra. De a poco, la nación en ciernes comenzaba a cobrar visibilidad.

Sin embargo, ese impulso libertario se agotó en sí mismo sin avanzar sobre otras cuestiones fundamentales, como la declaración de la independencia, que sería concretada por otro Congreso, el que se reunió en Tucumán en 1816. Y todavía se tardarían otros tres años más para sancionar una Constitución, la primera, en 1819, que por su carácter centralista y conservador fue rechazada por las provincias.

Una segunda Constitución dictada en 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, fue reprobada por razones parecidas. Recién en 1853 se logró sancionar el cuerpo constitucional de cuño liberal que sentó las bases para la ulterior organización nacional.

Uno de los afanes fundamentales de su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi -compartido por otros intelectuales de su tiempo, como Domingo Faustino Sarmiento- era poblar un país extenso y casi desierto con gente de otras partes. Desde 1810 se había vivido en estado de guerra permanente, externa e interna, con las consiguientes bajas que lo despoblaron aún más. No había economía ni moneda; tampoco sistema educativo formal ni infraestructura acorde a un desarrollo capitalista. De todo eso debían ocuparse las generaciones venideras, sobre todo la llamada Generación del ’80, que dio su impronta y modeló la Argentina moderna conforme a su visión del mundo e intereses de clase.

Sin embargo, las primeras oleadas de inmigrantes que llegaron al puerto de Buenos Aires no conformaron a los padres de la iniciativa –que dejaron constancia de esa decepción en sus escritos-, por no responder al patrón anglosajón al que aspiraban y provenir, en cambio, de las regiones más pobres de Europa y de Asia Menor. Polacos, árabes y judíos –entre otros- no eran lo que anhelaban Alberdi y Sarmiento.

En las últimas décadas decimonónicas se produjeron cambios estructurales profundos que modificaron sustancialmente la matriz cultural, poblacional y social de la República Argentina. El país se incorporó de lleno al sistema de división internacional del trabajo, vigente en el mundo de entonces, como proveedor de materias primas y, a su vez, mercado receptivo de manufacturas extranjeras. Para explotar la mayor ventaja competitiva del país –la pampa húmeda y las regiones más productivas- se requería mano de obra en cantidades que el país carecía. A raíz de esta necesidad, la elite gobernante abrió generosamente las puertas de la Argentina a la inmigración.

La respuesta fue inmediata y llegaron inmigrantes a raudales al granero del mundo de entonces, que se presentaba ante ellos como una tierra promisoria, dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos. Traían en sus baúles lo poco que poseían y, sobre todo, esperanzas de una vida mejor. Los contingentes más numerosos llegaban desde la vieja Europa, algunos escapando de los progromos -las feroces persecuciones raciales-, otros de la represión antiobrera y, casi todos, del hambre y la miseria.

Mientras la oligarquía local se miraba en el espejo europeo y levantaba palacetes estilo francés en Buenos Aires y en sus estancias, los recién llegados se las arreglaban como podían para hacer pie en su nueva patria. Como no había viviendas suficientes, familias enteras se abigarraron en viejas casonas convertidas en conventillos. La mayoría apenas chapuceaba el idioma. Los que tenían algún oficio lo ejercieron; y los que no, se conchababan como braceros o albañiles.

Producto de ese incipiente nuevo mundo laboral, nacieron los primeros gremios, dominados por anarquistas y socialistas. Eran tiempos en que se peleaba duramente un lugar bajo el sol, y la policía “brava” del orden conservador no trepidaba a la hora de repartir balas y sablazos a mansalva. El liberalismo económico de la hora no se condecía con el modelo político imperante, que seguía siendo elitista y de corte autoritario, clausurado a las clases populares.

El cambio de centuria encontró nuevamente a Julio Argentino Roca –figura emblemática de la Generación del ’80- en el sillón presidencial, quien, durante ese segundo mandato, tomó algunas medidas en línea con la nueva realidad: encargó a Juan Bialet Massé la preparación del célebre “Informe del Estado de las Clases Obreras en la Argentina”, un reporte tan dramático como esclarecedor de la situación de la fuerza laboral; sancionó la Ley de Residencia Nº 4.144, una norma xenófoba que en palabras de hoy reservaba al Estado el derecho de admisión, facultándolo a deportar a supuestos “indeseables”; y creó el Servicio Militar Obligatorio como una forma de inculcar sentido de nacionalidad y pertenencia a los descendientes de extranjeros, que se contaban por miles.

En los albores del siglo 20, la Argentina estaba entre las naciones más ricas del mundo, aún cuando ese suceso económico no derramara sus beneficios al conjunto de la población: la riqueza quedaba concentrada en las clases terratenientes, dueñas del recurso natural que apalancaba esa generosa acumulación. Sin embargo, la consolidación de un sistema educativo basado en la enseñanza universal, obligatoria y laica, que desde su creación posibilitó el acceso a la educación a los estratos populares, proveía beneficios generales. La excelencia de ese modelo educativo fungirá en las décadas siguientes como turbina del desarrollo argentino y partero a la vez de una extensa clase media, signo distintivo del nuevo país.

Para el Bicentenario de la independencia, en 1916, casi tres de cuatro argentinos –sobre todo en Buenos Aires, convertida en una urbe cosmopolita- eran extranjeros. Esa fuerte presencia tuvo una singular influencia en los hábitos y costumbres; en las comidas e incluso en el idioma corriente, que se pobló de neologismos que dieron lugar al lunfardo y al “cocoliche”, un dialecto local que entremezclaba vocablos castizos con otras lenguas.

Para entonces, convivían dos modelos culturales opuestos, con distinto anclaje social: mientras las clases altas seguían cultivando el paradigma de “lo culto” –intrínsecamente elitista y apegado a las refinadas formas clásicas-, echaba raíces una cultura plebeya que fusionaba componentes de distinto origen. De esa fragua surgió el tango, por ejemplo.

La nueva composición poblacional provocó transformaciones sustanciales en los mecanismos electorales y de representación política. La presión de los excluidos, ávidos de participación, obligó a democratizar el cerrado modelo conservador, dando lugar a la sanción de la llamada Ley Sáenz Peña, que introdujo el voto universal –a medias, en realidad: las mujeres y los extranjeros seguían fuera-, secreto –en lugar del humillante “voto cantado”-, y obligatorio. La reforma, aún con sus limitaciones, significaba un enorme avance con respecto a las fraudulentas prácticas anteriores. No en vano, en 1916, esas nuevas reglas de juego llevaron a la presidencia a Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, el partido que mejor expresaba la realidad social emergente.

En los años siguientes, la República Argentina sorteó sin mayores consecuencias los efectos de la Primera Guerra Mundial, pero no pudo quedar al margen del colapso global del sistema capitalista de 1929, que arrastró en su debacle al modelo agroexportador, principal generador de divisas. Paralelamente, los cultores domésticos de las ideologías nacionalistas en boga en Europa provocaron el primer golpe de Estado del siglo 20, poniendo fin a la segunda presidencia de Yrigoyen.

La década de 1930 –mencionada frecuentemente como “infame”- trajo consigo cambios importantes en el modelo productivo y el nacimiento del sistema industrialista basado en la sustitución de importaciones. Paralelamente, un keynesianismo moderado, obligado por las circunstancias, ampliaba el espacio estatal; en tanto que el llamado “fraude patriótico” volvía a funcionar a pleno como reaseguro del régimen conservador.

La transformación económica indujo cambios sociales profundos, producto de los desplazamientos migratorios de pobladores que abandonaban el interior empobrecido para recalar en el conurbano industrializado, que ofrecía mejores oportunidades laborales. A la par, se registraba una oleada inmigratoria tardía, esta vez nutrida por contingentes de europeos que huían de Franco, Mussolini y Hitler.

El producto político emergente de esa reconfiguración social –sobre todo del peso relativo de la clase obrera industrial- fue el peronismo, el movimiento de masas que surgió casi espontáneamente en la década de 1940 y encumbró a su líder, Juan Domingo Perón, en lo más alto del poder. Durante la década que abarcó las dos presidencias de Perón –la segunda fue interrumpida por un nuevo golpe de Estado en 1955- se profundizó el modelo industrialista y se fortaleció el aparato estatal. La distribución más equitativa del ingreso y el bienestar de los trabajadores durante ese período tuvieron su contracara en ciertas prácticas gubernamentales rayadas en la intolerancia. Fenómenos similares, de cuño populista, se registraron en la misma época en varios países latinoamericanos.

Las que siguieron al golpe de Estado de 1955 fueron décadas de alta inestabilidad política y violencia, caracterizadas por la alternancia de gobiernos civiles débiles y dictaduras conducidas por las Fuerzas Armadas, que dieron como resultado divisiones y retrocesos en todos los planos: económico, social y cultural. Las peores secuelas las dejó el terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar que asoló el país entre 1976 y 1983.

La recuperación de las instituciones democráticas en 1983 –un momento bisagra- fue como volver a aprender a caminar, como una rehabilitación postraumática del Estado de derecho desarticulado por la dictadura.

Las últimas tres décadas resultaron pródigas en acontecimientos de distinta índole y complejidad, cambios estructurales y procesos de ruptura, como el que tuvo lugar a fines del año 2001. Aún está fresco el recuerdo del estentóreo reclamo popular –“que se vayan todos”- que caracterizó a ese tiempo convulsionado por los efectos de una doble crisis: económica y de representación política.

El país discurrió por ese vórtice de cambios y sucesivas reconfiguraciones con fortuna variada, sin que –por el momento- el resultado final de ese proceso –la Argentina del presente- satisfaga demasiado a su pueblo. En el Bicentenario de su independencia, esa Argentina debe resolver asignaturas pendientes junto a los nuevos desafíos, en el contexto de un mundo cambiante y multipolar.

Entre las asignaturas pendientes más complejas sobresalen revertir la exclusión social que afecta a casi un tercio de la población y la reconstrucción del sistema educativo, que perdió su capacidad integradora y la excelencia de otros tiempos.

A priori, queda la sensación de que, por distintas razones, el país no aprovechó adecuadamente sus innegables ventajas comparativas ni las oportunidades favorables que se le presentaron a lo largo de la historia. En otras palabras, que en más de una ocasión, los vientos propicios fueron desperdiciados en medio de interminables discusiones acerca de cómo y cuándo izar las velas en lugar de, simplemente, izarlas y permitir que el viento las hinchase y nos hiciera avanzar. Muchas veces, cuando por fin se decidía hacerlo, ya no había viento o, peor aún, soplaba en contra.

Uno de los rasgos de identidad que le juegan en contra al promisorio país es la inveterada propensión de su dirigencia política a fomentar divisiones en lugar de consensos y empezar de cero cuando le toca gobernar, en lugar de procurar acuerdos sustentables en el tiempo capaces de potenciar y dar continuidad a los esfuerzos de conjunto, dejando de lado cuestiones subalternas y confrontaciones estériles.

A dos siglos de haberse asumido y declarado como nación independiente, la República Argentina debe superar ese y otros resabios que obran como lastre a la hora de dar un salto de calidad. En otras palabras, apostar a resolver la agenda de los nuevos tiempos apelando a los valores que la posicionaron en el concierto de naciones como un país con extraordinarias ventajas y aptitudes, aunque para ello se deba dejar de lado el facilismo ilusorio y asumir que la salida está en el esfuerzo colectivo, la autocrítica oportuna y la confianza en las propias fuerzas.

CATEGORÍAS: Historia, Latinoamérica
ISSN: 1022-9833

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