Argentina: una experiencia singular

A fines del año 2007, los principales centros económicos y financieros del mundo se vieron sorprendidos por un proceso crítico que se atribuyó a una expansión irrazonable del sistema financiero, que tuvo como base la incobrabilidad de los créditos hipotecarios otorgados en demasía y que originados en EE.UU. se expandieron a Europa y algunos otros países fuera de la región.

Ante esta circunstancia, los bancos centrales de EE.UU. y Europa emitieron cifras inconmensurables para sostener al sistema bancario. Aunque, al comienzo, no fue su intención enfrentar de esa manera la crisis, el importantísimo impacto en la opinión pública que tuvo la quiebra de la financiera Lehman Brothers -casualmente competidora de Goldman Sachs- modificó los criterios con los que se la enfrentó. Es así que, ante la cesación de pagos a la que se veía enfrentada la aseguradora más importante a nivel mundial que garantizaba la cobrabilidad de las hipotecas, EE.UU. inició la carrera emisionista que se extendió luego a Europa.

Desde luego, esta estrategia no resolvió los problemas de la gente ni, en particular, el endeudamiento de los ciudadanos, por lo que algunos países centrales se enfrentan a elevados índices de desocupación y déficits fiscales.

Ante la exigencia de la tríada de organizaciones financieras conformada por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea, los países con mayores dificultades aceptaron, voluntaria u obligadamente, una serie de medidas ideológicamente orientadas por el pensamiento neoliberal: iniciaron estrategias de ajuste fiscal y reducción del gasto público -en particular, los recursos destinados a políticas sociales-; asimismo, ven cómo la crisis se prolonga en el tiempo, afectando cada vez en mayor medida las economías locales, y cómo se extienden y toman magnitud los reclamos de las poblaciones indignadas por estas iniciativas que tendrán un costo social que hoy difícilmente podamos mensurar.

Ante este escenario, en distintos lugares comenzó a mirarse, no sin admiración, como un país, la Argentina, pudo enfrentar una crisis que en su origen fue mucho más grave y profunda que la del norte, y en poco tiempo logró salir de la situación a la que había llegado tras casi cinco años de recesión.

Si bien las condiciones de los países de Europa son diferentes a las que tuvo que enfrentar la Argentina, pocas voces dudan al afirmar que la razón profunda de estos resultados disímiles se debe a una mirada diferente sobre dónde se debe poner el énfasis al enfrentar la crisis.

La República Argentina, desde mediados de 1975 hasta marzo de 2002, fue el territorio donde se hizo el ensayo neoliberal más exitoso.

Los 70 fueron signados por la generalizada aplicación en América del Sur de una política económica que reconocía al mercado como el más eficiente distribuidor del ingreso, con un modelo de acumulación basado en la renta financiera.

Este proceso se inició en la Argentina a sangre y fuego, al instalarse a partir de marzo de 1976 una dictadura -la más cruel que hayamos conocido- cuyos actores, las fuerzas armadas, solo fueron el sostén necesario para la instalación de un modelo fruto de una visión fundamentalista de la globalización, al adoptar la concepción que señalaba que como país periférico no teníamos capacidad decisoria independiente, porque el poder estaba radicado en la esfera internacional y orientado por los principios del Consenso de Washington.

La consecuencia natural de esta visión fueron las políticas de apertura amplia al sector externo, con apreciación del peso, que naturalmente devino en precios relativos contrarios a la producción local y lógicamente, regresivas en la distribución del ingreso. Esta política significó el ingreso indiscriminado de capitales externos, la desnacionalización de los servicios básicos, la industria, las grandes redes comerciales y, simultáneamente, la reducción a la mínima expresión de la presencia del Estado en los procesos económicos y sociales.

Como no podía ser de otra manera, se generó un profundo descalabro de los equilibrios macroeconómicos, con desfinanciamiento del Estado; en particular, con la privatización del sistema previsional que agravó el carácter regresivo del sistema tributario. Todo ello significó un aumento del déficit que tuvo que ser financiado con nueva deuda.

La combinación de la apertura del mercado interno con sobrevaluación cambiaria, el pobre desempeño del ahorro interno, la fuga de capitales, los intereses de la deuda y el resultado negativo de las operaciones en divisas del sector privado generaron un incremento continuo del endeudamiento externo.

Las consecuencias de este comportamiento se fueron tornando evidentes a medida que nos internábamos en los años 90: desempleo, pobreza, hambre y sus secuelas, la exclusión de amplios sectores sociales de los frutos de la producción, unido a una muy pobre provisión de bienes públicos.

Algunos programas sociales focalizados no lograron corregir, aunque fuera en parte, los efectos negativos generados porque no apuntaban a las causas que los producían.

Las estrategias de apreciación de nuestra moneda se perfeccionaron a comienzos de 1991 con el objeto de enfrentar la hiperinflación. Por gestión del nuevo Ministro de Economía, se sancionó la ley que estableció una virtual Caja de Conversión, estableciendo una relación de paridad, que se pretendía que fuera permanente, entre el peso y el dólar (1 peso = 1 dólar).

Durante los 10 años en que rigió la convertibilidad, se registró una fuerte concentración y extranjerización de la economía, seguida de una secuencia de ajustes fiscales, reducción del gasto público y una exacerbación de las rentas producto de operaciones financieras. Al mismo tiempo, hubo un incremento de las condiciones recesivas hasta caer en recesión económica a partir de 1998 y en la cesación de pagos.

Es evidente que a lo largo de esos años, los organismos financieros internacionales tuvieron una influencia decisiva en todas las medidas económicas y sociales (tanto en las áreas económicas como en educación, salud y demás políticas sociales) al extremo de acompañar, incluso cuando el modelo se caía, operaciones financieras ruinosas que tenían el solo propósito de postergar la cesación de pagos.

Este panorama se refleja en los índices económicos y sociales existentes en el año 2001, información más que inquietante: el PBI había descendido del 2001 al 2002 casi el 12%; el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos llegó a los 5 mil millones de dólares en 2001; la deuda externa pública era cercana a los 130 mil millones de dólares y la privada del orden de los 80 mil millones de dólares; las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina no llegaban a 10 mil millones de dólares; los vencimientos externos comprometidos para 2002 representaban el 80% del total de las exportaciones, incluyendo intereses que ascendían al 55% de las mismas; la desocupación y la subocupación orillaban el 35%; el 43% de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza y la indigencia era del 17%; el trabajo informal era casi el 50%; finalmente, la inversión directa no superaba el 12% del PBI.

En diciembre de 2001, estalló el sistema obligando al ministro de economía de aquel entonces limitar la disposición por parte de los usuarios de los fondos depositados en el sistema bancario.

Luego de la fugaz elección de cinco presidentes, el Dr. Eduardo Duhalde dispuso una devaluación que originariamente fue del 40%.

Poco después, por “sugerencia” del Fondo Monetario Internacional, se remplazó lo que hasta ese momento fue una relación de $ 1,40 por USD 1 por un sistema de flotación sucia que llevo la cotización del dólar a cerca de 4 pesos. Esta feroz devaluación, significó una enorme transferencia de ingresos a los sectores exportadores (principalmente productores agrarios y petroleros) y se tradujo en un descenso de la capacidad de consumo de grandes sectores de la población que se vieron obligados a generar distintos mecanismos de subsistencia para enfrentar la situación, llegando incluso a recurrir al trueque de bienes y servicios.

La devaluación de la moneda local, si bien tuvo como principales beneficiarias a las grandes empresas exportadoras, también permitió la recuperación de pequeñas y medianas empresas que pudieron desarrollar una actividad de sustitución de importaciones utilizando la capacidad ociosa que se había generado en el país como consecuencia de las políticas liberales que rigieron hasta ese momento. Esta utilización creciente de la capacidad ociosa del sector industrial fue el pilar del crecimiento extraordinario del PBI a partir de fines de 2002.

Como se ha señalado, los sectores exportadores fueron ampliamente beneficiados por la nueva estructura cambiaria. Simultáneamente, con la instauración de crecientes derechos de exportación y la obligación legal de liquidar, en distintos porcentajes, el monto de las exportaciones, el Estado comenzó a recuperar solvencia fiscal y volumen de reservas. El BCRA adquiría todas las divisas que los exportadores liquidaban y con el fin de evitar la presión inflacionaria que podría originarse por la emisión monetaria, esterilizaba el exceso de pesos mediante la oferta de bonos que se colocaban en el mercado.

La producción agraria se vio beneficiada, además, con las mejoras de los precios internacionales y el sector industrial fue ocupando un lugar creciente en el total de las exportaciones. Estas crecieron un 117% entre 2002 y 2007; las de productos primarios, un 139%; las manufacturas de origen agropecuario, un 135%; las de origen industrial, un 128%; y los combustibles, un 42%. Es de señalar que buena parte del crecimiento de las exportaciones de productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario se debió a un incremento significativo de los precios internacionales, en cambio las de origen industrial están vinculadas, en general, con el crecimiento del volumen exportado. Los años posteriores siguieron este camino acompañados de una inversión, originada en el ahorro local, que crecía año tras año.

Una de las tareas más importantes que asumió el gobierno fue la negociación de la deuda externa, que se extendió por casi tres años. El gobierno decidió como estrategia respetar los montos de las deudas con los organismos internacionales y con el Club de París. En cambio, inició una dura negociación con los acreedores privados que culminó en una propuesta de quita del orden del 75% y que significó una reducción de 67 mil millones de dólares. Los documentos de deuda vigentes fueron canjeados por una oferta múltiple de bonos en moneda extranjera y en moneda local. La negociación fue razonablemente exitosa, ya que adhirieron a las propuestas más del 75% de los acreedores, quedando pendiente un número pequeño pero agresivo de acreedores, en su mayoría con demandas radicadas en tribunales extranjeros, que llegó al 92% de aceptación a raíz de una apertura de las ofertas de canje.
 
Una parte de los bonos ofertados fueron emitidos con cláusulas adicionales de ajuste ya sea por inflación o por crecimiento. La nueva estructura de deuda pública pasó de estar nominada en un 97% en moneda extranjera en 2002, a poco más del 40% en 2012 pero con plazos de amortización y pago de intereses mucho más prolongados y a tasas menores.

El 25 de mayo de 2003, asumió su mandato como presidente Néstor Kirchner quien ratificó en el cargo de ministro de Economía a Roberto Lavagna, con lo que el enfoque económico desarrollado a partir de 2002 se consolidó, sobre todo al mejorar significativamente los equilibrios macroeconómicos.

El excelente comportamiento de las variables económicas, la mejora de los niveles de empleo, la reducción de los índices de pobreza y la recuperación de los salarios de algunos sectores, le permitieron al nuevo gobierno consolidarse en el poder y asegurar la continuidad del proyecto.

El 10 de diciembre de 2007 asumió la presidencia de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Si bien su estilo personal es diferente al de su antecesor se estimaba una continuidad, sin mayores problemas, de la política económica.

Pero 2007 ya venía con turbulencias debido a la aceleración del proceso inflacionario que se transformó en el eje de la discusión política y dio origen a la reaparición de los eternos propugnadores de la disminución del ritmo de crecimiento con el ajuste de los gastos e inversiones del Estado y elevación de las tasas de interés.

Un tema de importancia en la economía es el de las expectativas sociales y, en este caso, la mayoría de los medios de comunicación (diarios, revistas, radios y televisión) fuertemente concentrados se encargaron de instalar la cuestión inflacionaria como central, sumándose así al coro que reclamaba medidas ortodoxas para detener la inflación. El gobierno no se hizo eco de estos reclamos y, en general, continuó con su estrategia.

A comienzos de 2008, el gobierno elevó al parlamento una propuesta que modificaba al sistema de derechos de exportación, al introducir el concepto de movilidad en la determinación del monto de los mismos.

El sistema de retenciones a las exportaciones de productos primarios, además de generar ingresos fiscales de por sí nada desdeñables, tiene como objetivo desconectar los precios locales de los alimentos de los internacionales, defendiendo así la capacidad de consumo de la población.

Dado el extraordinario crecimiento de los precios internacionales de la producción primaria, la idea de la movilidad fue vista como un intento de mejorar la recaudación fiscal, ya que existía el convencimiento de que los precios seguirían creciendo.

Esto generó una confrontación de extrema gravedad, ya que el sector agroproductor extremó la resistencia a la medida dispuesta, orquestando lock outs, cortes de ruta, desabastecimiento y un enfrentamiento con el gobierno que incluso tomó características destituyentes.

Es bueno señalar que sorprendió esta resistencia de los propietarios de la tierra ya que fueron los grandes beneficiarios de la nueva política económica que se expresó en el crecimiento del valor de la tierra y en consonancia con ello el costo de los arrendamientos. Solo se explica esta actitud porque ese sector privilegiado de la sociedad siempre logró imponer sus intereses. En la actualidad la fortaleza de estos intereses se ve potenciada por vínculos entre los propietarios de la tierra, los financistas y los industriales, pues convergen intereses comunes entre los sectores concentrados de la economía.

Quedó claro que confrontaban dos modelos económicos: por un lado, estaban los que sostenían que el futuro económico del país estaba en ampliar la capacidad exportadora de la producción primaria y su industrialización y que el superávit de la balanza de pagos obtenido permitiría solventar las necesidades de la población, aún reconociendo que esa actividad no brindaría mayor empleo directo; y, por el otro están los que ven un desarrollo integral de la producción industrial complementado con un mejoramiento en diversidad, calidad y respeto ecológico de la producción primaria, que generarían no solo pleno empleo al sostener un mercado interno activo, sino que también se produciría un incremento de las exportaciones con mayor valor agregado.

Por otra parte, importantes grupos de pequeños productores quedaron fuera del conflicto porque sus necesidades no confluían con las de los grandes terratenientes, sino que en realidad eran antagónicas, porque la ampliación de la frontera agraria amenazaba su subsistencia.
 
La propuesta gubernamental no logró apoyo parlamentario. Por otra parte, la baja de los precios internacionales de los productos primarios y una importante y prolongada sequía, tornaron irrelevante la confrontación originada por el sector afectado, al mismo tiempo que los productores de superficies pequeñas y por lo tanto de menor importancia económica, comprobaron que de haberse aceptado la propuesta oficial con las modificaciones propuestas en el parlamento, su posición hoy sería mucho más favorable.

No repuesto aún del revés político, el gobierno debió enfrentar los primeros signos de la crisis internacional que originalmente fue financiera y terminó afectando a toda la economía real de los países centrales y extendiéndose con distinta virulencia a países emergentes, entre ellos, la Argentina.

Hacía ya un par de años que el gobierno había iniciado las negociaciones para refinanciar la deuda con el Club de Paris, pero los países integrantes habían puesto como condición la intervención del Fondo Monetario Internacional en el monitoreo de las políticas económicas nacionales. Esta posición irreductible por parte de los acreedores no fue aceptada por el gobierno argentino, de modo que la única salida satisfactoria para las partes era la cancelación total de la deuda. La implosión de la crisis le quitó urgencia y posibilidades a su resolución y si bien el gobierno manifiesta su decisión de avanzar en la negociación por ahora ha quedado en suspenso.

Durante los meses finales de 2008 el gobierno presentó distintas iniciativas para enfrentar las consecuencias de la crisis internacional. Sin duda una de las más importantes decisiones fue la de reestatizar el sistema previsional privado. Esta medida es una de las más importantes, tal vez se la podría calificar de histórica, ya que modifica el sistema instalado a partir de 1994, que fue una de las causas principales del déficit crónico del presupuesto nacional.

La crisis financiera que se ha instalado en los países centrales se ha expandido a su economía real, con las previsibles consecuencias: desempleo, pobreza y malestar social. Su epicentro está en los Estados Unidos que, de esta manera, externalizan una situación que se fue generando durante los últimos decenios; su importante déficit fiscal, año tras año, fue financiado por el resto del mundo. Seguramente, su hegemonía económica y militar generó el erróneo concepto de que podía sustentarse en el tiempo y, de esa manera, financiar un exceso de consumo de su población. A esto se le agregó una agresiva política exterior que originó un gasto adicional por encima de los recursos existentes.

Ante este escenario, que derivó en un retroceso de nuestras exportaciones, agravado por una sequía de singular importancia solo compensada en parte por el crecimiento de los precios de nuestra producción primaria, el gobierno insiste en su estrategia de mantener el empleo -como objetivo principal- y la demanda agregada. Para ello, a través de las negociaciones de paritarias sostiene el consumo, enfrentando así los efectos negativos de una demanda externa cada vez más limitada.

Desde luego, no podemos ignorar la importancia de la retracción del comercio con Brasil, que está sumido en una crisis significativa.

Como puede verse, si bien el camino recorrido no puede extrapolarse a la realidad de los países marginales de Europa, el debate ideológico sigue siendo el eje de la discusión sobre cómo enfrentar la crisis por parte de países como Grecia, Irlanda, Italia, España o Portugal. Esto es lo que nos separa a los países integrantes de la UNASUR de los de la Comunidad Europea.

Por ello, la realidad nos ofrece riesgos y una oportunidad que, en un reduccionismo tal vez ingenuo, nos permite avizorar para nuestra región una mayor equidad distributiva y, por sobre todo, una sustancial mejora de nuestra calidad de vida.

CATEGORÍAS: Economía, Política
ISSN: 1022-9833

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